El biodiésel sigue en expansión

La Argentina invierte en capacidad instalada.

“En el mundo estamos viviendo un nuevo paradigma energético con la masiva introducción de energías renovables y en la Argentina, el gobierno nacional tomó la decisión de hacer realidad el corte obligatorio establecido por la ley 26.093”, resumió Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles.

Todo lleva a pensar que la demanda será creciente por donde se la mire, incluso considerando el último conflicto comercial por los aceites con China. “La puesta en marcha del programa de corte de gasoil con biodiésel abrió un importante mercado que junto con otros de exportación permitieron sostener con fluidez la actividad de la industria aceitera”, razonó el especialista.

La Argentina es el primer exportador mundial de biodiésel (este año están previstos envíos por 1,5 millones de toneladas). Paralelamente, la industria local tiene una capacidad del orden de 2,5 millones de toneladas anuales, cuando “en 2007 su capacidad era insignificante”, recuerda Molina.

Ahora bien, para atender el mandato establecido por la ley 26.093 y abastecer las necesidades de gasoil para generación de energía eléctrica, en 2010 harán falta alrededor de 800.000 toneladas de biodiésel. Recordemos que dicha ley implica el corte obligatorio en el mercado interno de gasoil con un 5% de biodiésel hasta fines de este mes y de un 7% a partir del próximo. “Así se comprueba que la industria puede atender sin problemas los negocios de exportación y el mercado interno”, tranquilizó Molina.

La exportación

El año pasado los envíos al exterior cerraron en 1,17 millones de toneladas y este año probablemente sean de entre 1,4 y 1,5 millones de toneladas de biodiésel, casi todo a la Unión Europea (UE).

Sin embargo, el Viejo Continente está poniendo restricciones y limitaciones a las colocaciones nacionales, argumentando cuestiones ambientales. En conjunto, sector público y privado, trabajan en la elaboración y presentación de informes ante la UE. El objetivo es “solucionar varios inconvenientes que la implementación del programa comunitario de certificación de sostenibilidad de los biocombustibles trae consigo, en el marco de la Directiva Comunitaria 28/2009/EC”, puntualizó el ejecutivo.

El programa entrará en vigor antes de fin de año, constituyéndose en obligatorio y representando un desafío importante para la industria argentina. “La directiva referida establece por defecto las contribuciones de distintos tipos de biocombustibles –entre ellos, el biodiésel de soja– para reducir los gases efecto invernadero (GEI). Se toma como porcentaje mínimo para encuadrar en las metas fijadas el 35% para 2010, el 50% para 2017 y el 60% para 2018”, detalló Molina. Pero, “injustamente, al biodiésel de soja se le asignó un 31 de reducción de GEI”, agregó.

A pesar de que este número esté en revisión, las esperanzas están puestas en el trabajo presentado en junio por autoridades argentinas ante funcionarios del Joint Research Centre, organismo técnico que da soporte a la CE, con el objetivo de analizar la cadena de valor del biodiesel de soja argentino y demostrar que este producto reduce en más de un 75% las emisiones de GEI con relación al diésel mineral que complementa o sustituye.

“Hay confianza en los técnicos de nuestro país respecto de que se modificará el porcentaje actual del 31%, elevándolo como mínimo a un 39%. Aunque continúe siendo un porcentaje bajo, tal modificación permitirá que a partir del año próximo la certificación de sostenibilidad del biodiesel argentino sea más fácil de desarrollar, evitando la trazabilidad embarque por embarque”, recalcó Molina.

Tomando en cuenta las ventajas de la agricultura argentina –desarrollada en grandes extensiones de praderas naturales, distantes en promedio ponderado no más de 300 kilómetros de las zonas de industrialización, con alta participación de la siembra directa y de tecnología de industrialización de última generación– “la soja de nuestro país será apta para la producción sostenible de biodiésel, en términos de los requisitos que establecerá la UE-27”, sentenció el especialista.

Por último, en materia de inversiones Molina dijo que se sumarían 200 millones de dólares a los US$ 700 millones ya invertidos, lo que permitirá contar “en un año y medio o a más tardar en dos años con 1 millón de toneladas adicionales de capacidad instalada”. Esta capacidad superará en 2015 los 5,5 millones de toneladas anuales.